El Senado italiano ha aprobado una controvertida ley que criminaliza a quienes recurran a la gestación subrogada fuera del país. La normativa contempla penas de hasta dos años de cárcel y multas que pueden llegar a un millón de euros, en un esfuerzo por frenar el llamado «turismo reproductivo». Esta medida, impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni, amplía la ya existente prohibición de esta práctica dentro de Italia.
Una agenda en defensa de la familia tradicional
La primera ministra Giorgia Meloni, líder del partido conservador Hermanos de Italia, ha defendido una agenda centrada en los valores tradicionales de la familia. Durante su gestión, ha manifestado abiertamente su oposición a la gestación subrogada, calificándola como una práctica «inhumana» que, según ella, convierte a los niños en objetos. Meloni ha reiterado que los menores deben ser criados por un hombre y una mujer, posicionándose firmemente contra los derechos de las familias LGBTQ.
La ley, que recibió 84 votos a favor y 58 en contra en el Senado, ha sido criticada por organizaciones y sectores progresistas, que consideran que afecta de manera desproporcionada a las parejas del mismo sexo. En Italia, estas parejas ya enfrentan dificultades para acceder a la adopción o a tratamientos de fertilización in vitro, restricciones que ahora se agravan con la imposibilidad de recurrir a la gestación subrogada en el extranjero.
Impacto en las familias LGBTQ y controversias
Aunque la mayoría de las parejas que recurren a la gestación subrogada en Italia son heterosexuales, los críticos señalan que estas suelen mantener un perfil discreto. Sin embargo, las parejas homosexuales no pueden ocultar el origen de sus hijos al regresar al país, lo que las convierte en un blanco más evidente de la nueva legislación. Activistas como Franco Grillini han tachado la norma de «monstruosa» y denuncian que Italia es el único país que penaliza esta práctica más allá de sus fronteras.
En un contexto de crisis demográfica, donde la natalidad en Italia ha alcanzado mínimos históricos, esta medida ha generado protestas y un acalorado debate. Mientras los detractores consideran que la ley obstaculiza la posibilidad de formar una familia en un país que necesita incentivar la natalidad, el gobierno argumenta que la norma protege la dignidad de las mujeres y refuerza la visión de una familia tradicional.
La prohibición del turismo reproductivo en Italia subraya las tensiones entre las políticas conservadoras del gobierno de Meloni y las demandas de derechos de las minorías, en un tema que sigue dividiendo a la sociedad italiana.
