La abogada con más de 20 años de experiencia en el servicio público y privado, nos comenta sus ideas respecto a la planificación de las urbes.
Marcela Rivas Cerda es una abogada que ha dedicado su carrera al derecho urbanístico y de la vivienda, rama que aborda los complejos desafíos de la planificación territorial en ciudades en expansión.
En esta entrevista, Rivas Cerda comparte sus ideas sobre el futuro de las ciudades chilenas, los desafíos de la justicia social en el ámbito urbano, y su visión para una “Ciudad de 15 minutos”.
P: Marcela, ¿podría contarnos un poco sobre cómo comenzó su interés en el derecho urbanístico y qué le ha motivado en su carrera hasta ahora?
R: Desde el inicio, me interesó el impacto que el derecho tiene en la vida cotidiana de las personas. El derecho urbanístico me cautivó especialmente porque trata sobre el espacio en el que vivimos y cómo este puede ser diseñado para mejorar nuestra calidad de vida.
Cuando comprendí la relación que tiene con la justicia social y la equidad, mi motivación creció. He podido ver cómo las decisiones de planificación afectan a personas de todos los sectores y cómo un buen diseño urbano puede mejorar las oportunidades y el bienestar de una comunidad.
P: Usted es una defensora de la «Ciudad de 15 minutos». ¿Podría explicar este concepto y cómo encaja en su visión para las ciudades chilenas?
R: Claro. La «Ciudad de 15 minutos» es un modelo de urbanismo de proximidad que propone tener todos los servicios básicos a corta distancia: salud, educación, trabajo y ocio deberían estar a un paseo caminando o en bicicleta desde el hogar.
En Chile, con nuestras distancias y complejidades, esta visión puede transformar las ciudades en espacios más amigables y sostenibles. No se trata solo de reducir el tiempo de viaje; se trata de fortalecer los lazos comunitarios y crear entornos donde las personas no necesiten depender del automóvil. Además, tiene un impacto ambiental positivo, disminuyendo la contaminación y mejorando la salud pública.
P: Hablemos de su rol actual en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Cuáles han sido los principales logros y desafíos que ha enfrentado?
R: Mi rol ha implicado liderar la aplicación de normativas internas y procedimientos en materias de de contratación, así como en la supervisión de marcos legales en normativa urbanistica.
Uno de los mayores logros ha sido avanzar en una gestión pública más eficiente, aunque no ha estado exento de desafíos. Quizás el reto más complejo ha sido abordar la incertidumbre jurídica generada por los dictámenes de la Contraloría, que en ocasiones pueden tener un efecto retroactivo, afectando derechos ya establecidos.
En este contexto, asegurar estabilidad normativa y transparencia es esencial para fomentar la inversión y el desarrollo de ciudades inclusivas.
P: Este tema de la incerteza jurídica ha sido para usted de especial relevancia. ¿Podría profundizar en cómo afecta esta incerteza a los proyectos de urbanismo?
R: La incerteza jurídica en el sector urbano es un problema relevante. Los dictámenes de la Contraloría pueden imponer cambios en la interpretación de normativas con efecto retroactivo, lo que afecta directamente a los proyectos en desarrollo, generando costos adicionales y una falta de estabilidad que desincentiva la inversión.
La seguridad jurídica es fundamental para cualquier plan de desarrollo. Es indispensable que los actores del sector puedan confiar en que las normativas aplicables no cambien de manera impredecible o retroactiva. La aplicación de normas retroactivas puede elevar los precios de la vivienda y, en última instancia, hacer que el acceso a la vivienda propia sea cada vez más difícil.
P: En relación a su experiencia en el sector privado, ¿cómo ha complementado su trabajo en el ámbito público?
R: La experiencia en el sector privado me brindó una perspectiva integral. Al asesorar a empresas en derecho urbanístico, pude ver de primera mano las dificultades que enfrentan las constructoras y los desafíos en términos de planificación y cumplimiento de normativas.
Estas experiencias me ayudaron a comprender las necesidades de los desarrolladores y la importancia de tener marcos claros que faciliten el desarrollo sostenible, así como la urgencia de equilibrar esas necesidades con el bienestar de las comunidades.
P: Su enfoque en la «Ciudad de 15 minutos» también habla de equidad. ¿Cómo define usted el rol de la equidad en el derecho urbanístico?
R: La equidad es, sin duda, el núcleo del derecho urbanístico. Cuando diseñamos y regulamos una ciudad, debemos considerar cómo todos los habitantes se verán afectados y cómo podemos asegurar un acceso justo a los recursos.
El diseño urbano puede hacer una gran diferencia en la vida de las personas; por ejemplo, quienes viven cerca de estaciones de transporte público tienen mejores oportunidades de empleo y menor tiempo de traslado.
Necesitamos un enfoque de densidades adecuadas cerca de esos servicios para reducir la desigualdad y facilitar una movilidad más accesible para todos.
P: Usted también ha trabajado en el ámbito académico, enseñando en la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Qué valor tiene para usted educar a las nuevas generaciones sobre derecho urbanístico?
R: Enseñar me ha dado una oportunidad única de compartir la importancia de la planificación urbana con futuros abogados. Mi objetivo es que comprendan el impacto social que el derecho urbanístico puede tener. Siempre digo que no se trata solo de leyes; se trata de transformar vidas y construir ciudades más justas.
He tenido la suerte de ver a mis estudiantes interesarse y comprometerse con la idea de que la ley puede ser una herramienta de cambio para mejorar nuestras ciudades.
P: ¿Qué desafíos ve en el futuro del derecho urbanístico en Chile y en la región?
R: Uno de los grandes desafíos es el equilibrio entre crecimiento urbano y preservación ambiental. En Chile tenemos áreas de conservación y reservas ecológicas que requieren un marco de protección específico.
Otro reto es la accesibilidad de la vivienda en zonas con buena conectividad; los precios suelen ser prohibitivos y eso también contribuye a la segregación urbana.
También necesitamos replantearnos los instrumentos de planificación territorial para que las decisiones tengan en cuenta el beneficio social y para que las normativas permitan mantener actualizados estos instrumentos y no como ocurre hoy, en que su aprobación ocurre cuando ya la realidad de territorio ya se ha modificado, quedando obsoletos al poco tiempo de su entrada en vigencia.
P: Finalmente, ¿qué mensaje le gustaría dejar a quienes están interesados en dedicarse al derecho urbanístico?
R: El derecho urbanístico es una herramienta poderosa para moldear el futuro de nuestras ciudades. A quienes se interesen en esta área, les diría que tengan siempre presente el impacto que su trabajo puede tener en la vida de las personas.
Este es un campo que demanda sensibilidad social y un compromiso genuino con el desarrollo sostenible. La planificación urbana no es solo construir edificios y calles; es construir comunidad, igualdad y un entorno saludable para todos.
Marcela Rivas Cerda se ha convertido en una de las principales voces en el derecho urbanístico en Chile. Su visión y experiencia reflejan un compromiso profundo con el bienestar de las ciudades y sus habitantes. Con su liderazgo, el país avanza hacia un modelo de urbanismo que prioriza la equidad y la proximidad, asegurando que el crecimiento urbano sea también un crecimiento en justicia y sostenibilidad.
